 |
| El ministro Fernández, mirando a los ojos de la verdad |
Una vez más, la indigencia neuronal de nuestros representantes políticos queda en evidencia.
El concepto de perdón da para mucho más que para utilizarlo como un argumento de política chata y, lo que es peor, nos puede colocar en una posición moral más que complicada. Precisamente frente a una banda terrorista, que ya tiene bemoles la cosa.
Para empezar, el perdón forma parte de la conciencia de las personas. Tanto del que lo pide, como del que lo da o está en condiciones de otorgarlo (veremos más adelante ambas vertientes). Intentar hacer política sobre las conciencias de los ciudadanos (y los presos lo son, por muy horribles que hayan sido sus crímenes) responde a un modo de gobernar bastante sospechoso. Cuando además exigimos ese constructo moral, de conciencia, para que un preso pueda acceder a lo que el ministro denomina "beneficio penitenciario" nos deja, como nación, en la incómoda situación de, por omisión de ese precepto, tener presos de conciencia, o presos que por su conciencia (y no por ningún imperativo legal) no acceden a lo que al resto de presos se le otorga bajo ciertas condiciones (buen comportamiento, trabajo en prisión, etc.). Hasta donde sé, en España no puede haber presos de conciencia y, con el argumento que lo impide, me cuesta entender que la misma conciencia pueda condicionar el estatus de un preso dentro de su tiempo de condena.
El perdón ha de contar necesariamente con 2 extremos. Es un acto de comunicación, esto es, se desarrolla intersubjetivamente, entre 2 sujetos. El que pide perdón y el que lo da. Pero con diferencias muy interesantes entre ambos actores.
El acto de pedir perdón es un acto puro de comunicación, performativo, establece desde el mismo momento de su expresión una voluntad. El perdón (su petición) se pone encima de la mesa y desde ese mismo momento ES. Con todas sus implicaciones afectivas de arrepentimiento, asunción de culpa, de carga emotiva, de determinación voluntariosa de reparación (veremos luego) y vuelta a la normalidad. Nos lo podremos creer o no, pero se ha producido psicológicamente un passage a l'act por decirlo en lacaniano.
Mientras esto pasa en el que pide perdón, resulta que en el que lo da no puede suceder de la misma manera. El perdonar no es un pasaje al acto, no define más que una declaración de intenciones, porque lo que, si bien en la petición de perdón se produce el final de un proceso afectivo, en el otorgamiento supone sin embargo el principio del proceso afectivo contrario. Cuando declaro que "te perdono", en respuesta a tu petición, no hago sino empezar en mi conciencia el proceso que normalice la relación anormal que tenemos como individuos, con la esperanza de algún día efectivamente poder perdonarte con toda su implicación afectiva. Y esto coloca a ambos extremos en una relación ética asimétrica.
Así que cuidado con que nos pidan perdón, porque igual tenemos luego una situación más que delicada. No digo que no haya que hacerlo (me parece bien que los criminales pidan perdón a sus víctimas, aunque estoy absolutamente en contra de exigírselo), pero hay que estar también dispuesto a otorgarlo.
Esto me lleva a la segunda tesis. A quién hay que pedir perdón, quién lo debe de pedir, quién lo puede otorgar y qué respuesta esperamos.
Parece claro que el perdón ha de pedirse a las víctimas. Sucede que muchas de las víctimas (y desde luego todas las más terribles) han perdido la vida en el mismo acto terrorista. Luego será frecuente pedir perdón a personas interpuestas y a víctimas distintas del asesinado (familiares y allegados), a los que pedir perdón por dejarles sin su ser querido. Se deberá por tanto pedir a personas concretas y nunca al Estado -luego diré por qué-.
Quién lo debe de pedir, aunque parece claro, no lo es tanto. ¿El que un asesino, terrorista, pida perdón a una víctima no supone un cambio sustancial en el sujeto toda vez que su planteamiento ético ha cambiado radicalmente? ¿Realmente la víctima está perdonando a la misma persona que cometió el crimen?
Y sólo la víctima puede otorgar el perdón, o no. Porque no está en su mano ninguna medida de castigo hacia el perdonable. El verdadero poder de otorgar el perdón ha de ser completamente gratuito, sin castigo por medio. Si no, estaríamos hablando de venganza, de humillación, de otras cosas que el Estado sí que puede hacer. ¿Y qué sucederá si la víctima no perdona? Está en su perfecto derecho de no hacerlo, pero eso no parece observarse en los planteamientos del ministro o, aún peor, da por sentado que va -y de alguna manera obliga a la víctima- a "hacer lo propio", esto es, perdonar. Lo que no es sino otra injerencia en la conciencia de las personas, esta vez de las víctimas.
Quiero recalcar que es solo la víctima quien puede otorgar el perdón. Nunca los Estados pueden hacerlo. Por el simple hecho de que el perdón no puede tener un precio, ni en el que lo da ni en el que lo recibe. Ha de ser un acuerdo entre pares. Y los Estados siempre tienen intereses distintos a la mera reparación ética (o al menos es justo presuponerlo). Intereses políticos, electorales, institucionales, etc. Para que el perdón sea efectivo, sirva de algo, cumpla su labor de catarsis, ha de suponerse sincero en su petición y sin más motivación que el perdón mismo. Y aquí tenemos el verdadero nudo gordiano del tema (o uno de ellos): el mero hecho de supeditar ciertos beneficios penitenciarios a que se pida perdón, contamina ab initio el proceso de perdón. Personalmente quien me pida perdón para conseguir algo no me convence de su arrepentimiento en absoluto y, además, pondrá bajo sospecha el resto de peticiones.
Pero también ha de ser sincero en su otorgamiento, y al Estado no se le ha de suponer esta sinceridad dados sus múltiples intereses en temas como éste. Por ello sólo las víctimas han de poder otorgarlo, y de manera completamente desinteresada. No es poco lo que les pide el ministro de la cosa.
Así que nos encontramos, por obra de la sequía intelectual de don Jorge, en una situación muy curiosa:
- Hemos de exigir a los terroristas que pidan perdón de manera "irrefutable", cuando no se determina cómo se juzga esa irrefutabilidad que, en última instancia, habrá de ser percibida subjetivamente por las víctimas, por todas y cada una de ellas
- Las víctimas están obligadas a conceder el perdón, porque de hecho se les carga con la responsabilidad de sancionar con su perdón un proceso de amplio calado social
- El Estado se reserva el derecho de administrar el estado de los presos (acercamiento o dispersión) en función de su conciencia (de ellos)
Creo que con lo expuesto, las víctimas habrían de adquirir conciencia de la manipulación a la que desde el Ministerio del Interior se les quiere someter. Los presos perseguirán sus intereses, el ministro los suyos. ¿Cuál es entonces el papel de las victimas?
___________________________________________
Lecturas casi obligadas:
Vladimir Jankélévitch, El Perdón, Ed. Seix Barral, ISBN 84-322-0823-X
No hay comentarios:
Publicar un comentario